Los buitres trazan círculos sobre las huertas. En esas huertas se plantaron paneles revestidos de cristales de silicio para captar la energía del sol y transformarla en electricidad. El apoyo público garantizaba que la inversión, pasados unos años, daría frutos, que los préstamos se devolverían sin problemas. Los paneles crecieron como champiñones y el coste del sistema de apoyo, que de alguna u otra manera acaba en la factura de la luz, se disparó. El Gobierno no solo echó el freno de mano; dio marcha atrás. Lo que antes era un préstamo fácil de devolver, ahora es, en varios casos, riesgo de impago. Y cuando los propietarios temen que se ejecuten los avales (muchos ofrecieron su casa), “empiezan a revolotear los fondos buitres”, en palabras de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef).
A largo plazo, la inversión aún es rentable, pero muchos propietarios dependían de cobrar la totalidad de los ingresos previstos para hacer frente a los primeros años de cuota, los más onerosos. Los fondos buitres ofrecen hacerse cargo del préstamo, siempre, claro, que se les venda la huerta solar por una cantidad irrisoria.
En 2008, cuando se popularizaron las huertas solares, se pusieron en marcha más de 2.700 megavatios de potencia en instalaciones fotovoltaicas. El plan de apoyo diseñado por el Gobierno socialista, que, como antes en la eólica, garantizaba el cobro de una remuneración fija, de una prima, por la electricidad producida durante la vida útil de la instalación, apenas pretendía incentivar la instalación de 400 megavatios en tres años. El alud de instalaciones precipitó las medidas retroactivas del Gobierno y fue el comienzo de un mal sueño para decenas de miles de pequeños propietarios.
